Un conmocionante caso sacude a la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, donde la Justicia investiga un presunto intento de venta de dos niños de 1 y 4 años.

La denuncia derivó en un allanamiento domiciliario y en la apertura de una causa judicial destinada a determinar responsabilidades y proteger a los menores involucrados.
Según las primeras informaciones, los niños habrían sido ofrecidos a terceros con la finalidad de obtener dinero y acceso a terrenos, según reportan medios locales. A partir de esta denuncia, la Policía realizó un procedimiento en una vivienda de la ciudad, donde secuestraron elementos de interés para la investigación.
El operativo permitió poner bajo resguardo a los niños, quienes quedaron al cuidado de su abuela, mientras la Justicia avanza para esclarecer si existió efectivamente una maniobra de trata o un intento de venta.
Fuentes judiciales indicaron que la pesquisa se encuentra en una etapa preliminar, por lo que no se descartan nuevas medidas, incluidos más allanamientos o imputaciones. También se trabaja para determinar el rol de cada persona involucrada y si hubo intermediarios.
Además, tras el primer operativo, según informó el medio Concordia Policiales, se realizaron otros dos allanamientos vinculados a un clan narco. En una de las viviendas fue detenida una mujer señalada como presunta “compradora” de los niños, en cuya casa se secuestraron cocaína y dinero en efectivo.
La principal hipótesis apunta a que la acusada habría intentado obtener la custodia de los menores para acceder al beneficio de prisión domiciliaria en otra causa judicial en la que está investigada.
El caso generó un fuerte impacto en la comunidad local debido a la gravedad de los hechos y la corta edad de los niños. Intervienen organismos de protección de la infancia para garantizar su resguardo y evaluar su situación familiar.
Esta causa se inscribe en un contexto de creciente preocupación por delitos relacionados con la vulneración de derechos de menores, lo que enfatiza la necesidad de controles y respuestas rápidas por parte del Estado.
Mientras avanza la investigación judicial, las autoridades buscan reconstruir cómo se gestó la maniobra denunciada y detener si existe una red más amplia detrás del intento de comercialización de los menores.